La delgada línea que separa la selección de la discriminación
Esta semana, Evangelina Anderson, modelo de belleza hegemónica, publicó en las redes su asombro e indignación por los requisitos del colegio Northlands. Sospechó una actitud racista de parte de las autoridades. Especialistas en educación reflexionan sobre qué implican estas exigencias.
Una “escuela-discoteca” con “derecho de admisión en la puerta”: esta es la imagen que sugiere el pedagogo Carlos Skliar para interpretar una de las noticias de esta semana. La denuncia que hizo Evangelina Anderson en torno a la discriminación del colegio Northlands entraña un “problema jurídico”, advierte, por su parte, la licenciada en Ciencias de la Educación Fernanda Juarros: el pedido de una foto de la familia y de una carta de recomendación para el ingreso a una institución choca con “normas de protección y promoción de los derechos humanos”. A raíz de lo ocurrido, el Inadi emitió un comunicado en el que instó a los colegios a fijar “requisitos razonables” para la admisión. En esta nota, aportan sus miradas Carlos Skliar, investigador principal del Conicet e investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América latina y del Área de Educación de Flacso; Juarros, la pedagoga Esther Levy, Adriana Donzelli, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), y el secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Perpetuo Lentijo.
En la antesala del comienzo de clases, Anderson publicó una serie de historias en Instagram exponiendo los requisitos que pide el colegio Northlands –con sede en Olivos y Nordelta– para el ingreso de estudiantes. Entre ellos –todos escritos en inglés– figuran una foto de la familia y dos cartas de recomendación firmadas por familias que pertenezcan a la comunidad educativa hace más de tres años. “En todos los colegios que tuve posibilidad de mandar a mis hijos a lo largo de estos años jamás vi una cosa así”, se quejó la mujer del flamante técnico de River, Martín Demichelis. La familia viene de vivir muchos años en Alemania. “¡Me parece terrible! ¿Esto no es un claro ejemplo de racismo?”, preguntó Anderson. Su denuncia tuvo muchas repercusiones.
Mamás de estudiantes del Northlands de Nordelta aseguraron que se trata de una práctica “habitual en un montón de colegios”, como lo expuso un artículo de este diario publicado el jueves. “Existe, pero es un tema naturalizado“, señala a Página/12 la doctora en Educación Esther Levy. “Desconozco otros casos. Es la primera vez que escucho algo así. No es habitual. No hemos tenido ninguna situación de queja por estas situaciones”, aclara, por su parte, Perpetuo Lentijo, secretario general de Adeepra.
Levy reflexiona: “Que una chica rubia, de ojos verdes, top, lo ponga sobre la mesa no es poca cosa. Le llamó la atención. Ella viene de afuera: capaz que en otro país no sucede. El mensaje no es ‘me dejaron afuera porque soy morocha y pobre’. Ella tranquilamente puede llevar una foto, conseguir tres o cuatro contactos y la van a aceptar. Que salga a decir esto es genial. El marido es el director técnico de un club muy importante. Son figuras que si dicen algo van a ser escuchadas”.
Según Adriana Donzelli, referente del Sadop, estas prácticas se dan en determinado sector de los colegios privados: los que son “ciertamente elitistas” y delinean un “perfil para sus alumnos”. “No son la mayoría, ni lejos. Sí probablemente en los últimos tiempos hubo una radicalización de posturas y puede haberse profundizado esta mirada”, agrega. “Muchas veces el perfil para los alumnos termina entrando en cuestiones de discriminación y segregación. Así, contradice todo lo que tiene que ver con los valores educativos que se tendrían que promover. Si en nuestro país entendemos que la educación es igualadora, una herramienta de inclusión social, este tipo de colegios va en sentido contrario“, sentencia. En el plano laboral, las instituciones pueden caer “en el mismo tipo de discriminaciones”, con “requisitos para el personal”. Asimismo, son espacios en los que “cuesta trabajar temáticas vinculadas a la ESI y los derechos humanos”.
“Si el pedido de la foto fue hecho antes de la matriculación induce a sospechas sobre algún elemento de discriminación, lo cual sería inadmisible. En cambio, si se hace después de la inscripción es una forma de conocer a la familia y la foto se puede utilizar para alguna actividad que haga la institución”, compara Lentijo. “Hay un reglamento de matriculación y no incluye este tipo de elementos que tienen que ver con la constitución familiar. El derecho de admisión en la escuela privada existe como en cualquier otro ámbito privado, pero generalmente fundado en principios que no atentan contra la dignidad de la persona”, agrega.
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El colegio Northlands aclaró al diario La Nación que el pedido obedece a “motivos de seguridad y personalización” y que no tiene “injerencia en el criterio de selección” ni “representa un acto discriminatorio en una institución que valora la diversidad”.
Anderson apuntó al racismo; el Inadi y otras de las fuentes consultadas para este artículo sugieren que el motivo podría tener que ver con la exclusión de la “diversidad familiar”. En un comunicado, el organismo indicó que desde 2008 hasta la actualidad recibió cerca de 4 mil denuncias vinculadas a discriminación en el ámbito educativo. El 41 por ciento de las personas consultadas para un informe percibe que existe discriminación en el ámbito escolar y la escuela se identifica como el principal ámbito en el que la discriminación ocurre. “No sólo se da en la admisión, sino que involucra toda la trayectoria escolar y en muchos casos tiene efectos que exceden el ámbito escolar y repercuten en las familias”, plantea el texto.
“La diversidad familiar no puede ser un motivo que condicione la admisión. Las instituciones educativas tienen la obligación de fijar requisitos razonables para la admisión. Esto significa que los criterios que se establezcan sean razonables y no arbitrarios, es decir, no vulneren el principio de igualdad ante la ley y no discriminación receptados en nuestra Constitución Nacional y legislación internacional de la que Argentina es signataria”, concluye el comunicado.
En sintonía, la licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Sociales Fernanda Juarros explica: “En las escuelas de gestión privada, en la teoría y también en la práctica, el ‘derecho de admisión’, sobre todo en los niveles inicial y primario, presenta un problema jurídico porque entra en conflicto con normas de protección y promoción de los derechos humanos. Esta tensión y contraposición de intereses refleja de algún modo la desigualdad en términos de capital cultural y económico. Por eso, encontrar el equilibrio de los derechos y deberes que posee cada parte es un desafío y una tarea”.
Levy considera “importante” que el Estado esté presente para evitar y responder a episodios como éste. Porque “según la ley de educación nacional (26.206), las escuelas son todas públicas, lo que cambia es la gestión. Es decir, el Estado tiene que intervenir. Es el responsable de garantizar los derechos sociales vinculados a la no discriminación. En estos escenarios estos derechos desaparecen y se presenta muy fuerte la idea del mérito, vinculada a una cuestión hereditaria, de clase, color de piel y económica”. “La educacion es única. El hecho de que gestione un privado no quiere decir que se puedan desconocer los derechos de los niños y adolescentes que concurren. Poner esta admisión está reñido con el goce de derechos y la ley de educación nacional”, coincide Doncelli. Esta cronista se contactó con el Ministerio de Educación bonaerense para consultar por este tema. No hubo respuesta.
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En la provincia de Buenos Aires el derecho de admisión de los colegios privados está regulado por la Ley 14.498, que establece que las instituciones no pueden negarle la matriculación o rematriculación a ningún aspirante o, en su defecto, deben fundamentar los motivos de esa decisión. La reglamentación no contempla como requisito que se solicite una foto, por lo que una situación así podría denunciarse ante una negativa en la admisión. Si las familias solicitan explicaciones y la información es insuficiente o se les niega pueden hacer denuncias por distintas vías. En caso de recibir una denuncia la Dirección General de Cultura y Educación puede determinar una sanción con apercibimiento y/o una multa de entre cuatro y 12 sueldos docentes. Otros canales son la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y el Inadi.
“En ninguna parte de la normativa sobre reglamentación institucional y régimen de matrícula se va a encontrar este tipo de elementos” que solicita el Northlands, dice Lentijo. Menciona el decreto nacional 2417/93, la resolución provincial 34/17 y el Reglamento General de Escuelas también de la provincia. Este último otorga validez a reglamentos internos de cada institución que deben ser “elevados anualmente a las autoridades”. “No sé si lo del Northlands fue aprobado por una autoridad. Parece más una cuestión de hábitos del colegio que excede lo habitual y lo razonable. Los reglamentos internos no pueden ir nunca contra normas constitucionales o las leyes de educación”, explica.
“Por lo general las escuelas invitan a los padres a recorrer la institución y otro día hay una entrevista de los chicos con el equipo directivo. Luego se hace la inscripción. Algunas, por el nivel de requerimiento o la capacidad tienen algún tipo de examen de ingreso. Y las bilingües requieren algún nivel de conocimiento previo”, detalla.
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Según información publicada en la página web del Northlands, el valor de la matrícula y de las cuotas para 2023 es de 221.200 pesos hasta tercer grado y 261 mil pesos de cuarto a sexto. En la secundaria es de 295.800 pesos de primero a tercer año y de 328 mil de cuarto a sexto.
Para Levy, el asunto de los requisitos no tiene tanto que ver con lo económico. “Creo que está en último lugar. Porque estos requisitos dicen que tu plata vale, pero no es el principal filtro. El principal filtro es de clase: la pertenencia a una elite. Tan naturalizado está esto que no salió nadie antes a denunciarlo, quizá porque nadie se hizo una pregunta al respecto. Si no hubiera sido un escándalo antes. Es como un control de frontera.”
“Me hace acordar a una idea de selección de personal, muy distinta a una de puertas abiertas a la comunidad. Veo claramente una figura de escuela-discoteca, con un derecho de admisión en la puerta. Alguien se atribuye el poder de decidir ‘este sí, este no’. En la educación no puede pasar. Por más que sea un ámbito privado tiene efectos sobre lo público y lo sabemos muy bien. Allí se forman líderes, gobernantes, dueños de empresas y de medios”, analiza el escritor, pensador y pedagogo Carlos Skliar.
El participó como amicus curiae en un proceso judicial que derivó en una resolución para que los colegios porteños no discriminen por discapacidad. “Hay colegios privados que crean una entrada absolutamente hospitalaria, pensanda desde el barrio, la comunidad, el lugar donde están. Pero hay otros en una especie de silencio. No se entiende muy bien qué tipo de proyecto hay ahí; que están buscando”, contrasta.
Aunque no hay que “idealizarlo”, en el contexto de la educación pública no es posible que suceda algo parecido a lo del Northlands. “Es el espacio de todos, adonde va el hijo del portero, el de la médica de la otra cuadra… Parte del norte que tiene la educación pública es la inclusión y la no discriminación. En cierto punto, enseña en sí misma. Después, si lo logramos o no es otro tema. Lo que me preocupa es la posibilidad de que los hijos de las familias selectas reproduzcan patrones de desigualdad en el futuro”, dice Levy.
“Tenemos que revisar qué estamos enseñando y qué admite o no el sistema educativo. No puede admitir situaciones de racismo. Al Estado se le reclama que sancione a una docente que dijo tal o cual cosa, pero no que intervenga en estas cuestiones. En la escuela pública el Estado mira permanentemente qué pasa. En estos lugares no”, completa la pedagoga. Que el Estado no subvencione a instituciones como el Northlands no implica que deba retirarse de ese terreno, da a entender la especialista.
“Una de las cosas que hay que preguntarse es si se trata o no de un proyecto educativo cuando hay una especie de reaseguro de qué tipo de población se va a aceptar. ¿Es un proyecto educativo o uno de otra naturaleza, que usando instituciones educativas intenta asegurar el éxito de su proyecto? ¿Cuánto tiene de educativo no crear una comunidad plural, múltiple, y hacer una suerte de selección personal más ligado a lo empresarial que a lo formativo? ¿Cuánto tiene de formativo estar entre idénticos? Porque ni siquiera es entre iguales. Estas prácticas implican un reaseguro de éxito del proyecto que se desparrama a la idea del éxito individual, multiplicado por la cantidad de chicos y chicas que asistan a la escuela”, concluye Skliar.
Fuente: Página 12
