Desde Carta abierta y en mi vida, intento defender lo público como una forma de equiparar diferencias sociales, económicas y políticas. Muchos de nosotros no seríamos clase media si no hubiéramos podido ir a una universidad pública o no nos hubiéramos atendido en un hospital público cuando estuvimos enfermos. Tampoco conocer Mar del Plata si no fuera por el tren o viajar en avión a Bariloche si no fuera por Aerolíneas.
Por eso, defiendo la educación pública, la salud pública, los trenes y las empresas del Estado garantes de recursos naturales como el gas, la luz, el agua y el petróleo. Incluso la aerolínea de bandera, a lo que podría sumarle una de telecomunicaciones, el CONICET, etc.
También la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades y opiniones, la democracia, el sistema parlamentario, la paz, las instituciones, los sindicatos, el respeto a las minorías y el voto de las mayorías, aunque no sea el mío.
Pero el voto va y viene. Y los que antes querían estatizar todo ahora quieren privatizarlo. Y los que querían gastar menos, ahora se desesperan por tomar deuda o concesionar actividades que pueden hacer sus empleados. Y antes querían exportar y ahora importar. Y los que decían “todos”, ahora gritan “afuera”.
Y “afuera” es privado. Y en vez de ser administrado por expertos en el tema, será manejado por empresarios en busca de ganancias que después se la llevan. Y ni siquiera empresarios, sino grupos inversores rusos o canadienses administrados por un gerente o un grupo de accionistas que le da lo mismo poner la plata en el Bingo Avellaneda, en una cerealera, en aguas argentinas, en una canal de televisión, en la pasarela de un hotel que restringe el acceso a la playa, a un glaciar o a una montaña, o en los edificios de las costaneras de las ciudades que te impiden ver el río, el cielo o un árbol.
Y el problema no es lo que puede hacer los próximos cuatro años un gobierno como el de Javier Milei y aliados, sino lo que nos va a quedar después que desmantelen hospitales, escuelas, obras, rutas, caminos, trenes, ANSES, YPF, TV Pública, Vaca Muerta, Litio, CONICET, INADI, INAI, PAMI, Ministerio de la Mujer, etc. Cuando fracasen los sistemas privados y cierren las empresas y se vayan.
Y el servicio privado de salud (prepagas, obras sociales, etc; no de abasto o sea caro). Y las escuelas no alcancen y no podamos pagarlas o se caigan a pedazos. Y los caminos no los haga nadie o pocos los usen por caros. Y las concesiones privadas después manden en lugar del Estado. Y el empleador no te haga los aportes al sistema de prevención social o jubilaciones para ahorrarse unos mangos. Y vendamos YPF con Vaca Muerta incluida, ahora que terminado el gasoducto va a dar ganancias, y podamos lograr la tan ansiada soberanía energética. Y sigamos desarrollando ciencia nacional con el Conicet, y los abusos y actos de discriminación no tengan un organismo, como el INADI o el INAI o el Ministerio de la Mujer, que los defienda y recaiga en juicios al Estado.
Por lo que la solución no es vender por vender ni sacar a concesión las obligaciones del Estado, sino tomar los recaudos suficientes para no seguir endeudándonos, para exportar más, para desarrollar nuestra industria nacional, para tener una moneda fuerte, para mejorar el poder adquisitivo de la mayoría de la población y para dar trabajo.
Y si algo está mal administrado se lo administra bien. Y si alguien es corrupto o se enriqueció ilícitamente, deberá ser juzgado. Y si hay que cambiar las cabezas de cada lugar, se las cambia. Pero no se piensa en cerrar un organismo como el Banco Central, porque no fuimos capaces de regular la emisión monetaria, como en la gestión Massa.
Porque con esa lógica habría que pedirle al FMI que no nos atienda o que cierre, porque si no Caputo y compañía va a ir corriendo a pedirle otro préstamo y después él se va como Macri o el que sea y entre todos tenemos que pagarlo.
Y si algo es necesario para los argentinos se lo banca. Porque para eso se cambia a los que conducen el Estado. No para vender lo que es de todos. Y mandar una ley ómnibus de 500 hojas que nadie va a leer y votará sin tomarse el tiempo suficiente de analizarlo.
Porque muchos marchan en defensa de la república cuando el poder ejecutivo avanza sobre el poder judicial, pero pocos los hacen cuando el ejecutivo en sesiones extraordinarias y de apuro intenta forzar 200 leyes, que incluirán achicamiento estatal (reducción de 19 a 8 o 9 ministerios y eliminación del INADI, INAI y PAMI, entre otras); reforma laboral al estilo “Modelo UOCRA” (fondo de desempleo en lugar de indemnizaciones, entre otras); simplificación impositiva, que incluye eliminación de las PASO y recuperar las Lelics, también); todas leyes que definirán el país de los próximos años.
Y son esos los momentos en que debemos expresarnos, no solo en las PASO, en las generales o en el balotaje. Y es hora que defendamos también nuestro voto parlamentario y que exijamos a quienes nos representan que voten a conciencia cada ley por separado. Pero no solo a Milei, sino a cada uno de los senadores, diputados, gobernadores, legisladores, intendentes, etc. Y debemos hacerlo antes que nos gobierne un ministro o un empresario privado, que no fue votado.
