Privatizaciones y cierres: los mitos políticos y mediáticos para destruir las empresas estatales
Las empresas públicas vuelven a estar en el centro del interés del establishment y, por lo tanto, de las campañas políticas y mediáticas de la oposición. Buscan instalar la privatización de las que dan ganancias, y el cierre de las que cumplen funciones sociales, como el supuesto “remedio” para la economía. Para ello, ocultan los desastrosos manejos privados en el área, como el del Grupo Macri en el Correo o el de Marsans en Aerolíneas.
La campaña está lanzada sin ningún disimulo. No se trata de la electoral de candidatos a presidente, sino de una que tiene como blanco las empresas públicas.
El dispositivo de derecha -político y mediático- con economistas del establishment las ha elegido, como lo hicieron a mediados de la década del ’80, como una de las causas del deterioro económico por el gasto público involucrado para garantizar su funcionamiento.
Se sabe que esto no es cierto, aunque la campaña está en marcha con informes de consultoras y análisis de economistas especialistas en confundir.
La historia reciente ofrece la enseñanza de cuál es la misión de este tipo de críticas a las empresas públicas: la privatización, si se trata de compañías de sectores rentables, o el cierre, si de este modo deja el espacio libre para beneficio de compañías privadas.
El caso emblemático de esta estrategia son los ataques periódicos a Aerolíneas Argentinas. La empresa de bandera es el objeto de mayor ensañamiento de esta campaña, cuyo principal promotor es el expresidente Mauricio Macri.
Pero no es la única compañía pública que recibe comentarios despectivos acerca de su funcionamiento, que, en realidad, es un cuestionamiento general a la capacidad de intervención del Estado en la economía.
No es elevado el déficit presupuestario de las empresas públicas
Esta observación no implica desconocer la necesidad de un manejo prudente de los recursos públicos, de trabajar en mejorar la calidad de los servicios que prestan, de contar con una plantilla adecuada y de la necesidad de diseñar un plan de expansión consistente.
Ahora bien, una cosa es abrir el debate acerca de un plan para mejorar la gestión pública de compañías estratégicas o, incluso, recuperar algunas que están en manos privadas cuyas concesiones están por vencer, y otra cosa diferente es el cuestionamiento global al lugar que ocupan las empresas públicas en la economía.
Un informe oficial revela que en términos relativos no son tantos los recursos que se destinan a las empresas públicas ni tampoco existe un desborde en la cantidad de trabajadores. La clave de una discusión pública rigurosa es identificar el beneficio social de estas compañías, sin quedarse solamente con la mirada contable y tecnocrática de economistas.
El reporte sobre Empresas Públicas elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuyo director general es Marcos Makón, detalla que los gastos de las empresas públicas totalizaron 2,5 billones de pesos en 2021, el 19,3 por ciento del total del gasto del Sector Público Nacional, equivalente al 5,4 por ciento del PIB. Tuvieron ingresos propios de 2,14 billones de pesos, a los que se sumaron 719.000 millones de transferencias estatales con recursos del Tesoro Nacional.
El saldo, desde la perspectiva fiscal presupuestaria, de la asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas fue de apenas 1,5 del PIB en 2021.
No es elevado el déficit presupuestario de las empresas públicas
Esta observación no implica desconocer la necesidad de un manejo prudente de los recursos públicos, de trabajar en mejorar la calidad de los servicios que prestan, de contar con una plantilla adecuada y de la necesidad de diseñar un plan de expansión consistente.
Ahora bien, una cosa es abrir el debate acerca de un plan para mejorar la gestión pública de compañías estratégicas o, incluso, recuperar algunas que están en manos privadas cuyas concesiones están por vencer, y otra cosa diferente es el cuestionamiento global al lugar que ocupan las empresas públicas en la economía.
Un informe oficial revela que en términos relativos no son tantos los recursos que se destinan a las empresas públicas ni tampoco existe un desborde en la cantidad de trabajadores. La clave de una discusión pública rigurosa es identificar el beneficio social de estas compañías, sin quedarse solamente con la mirada contable y tecnocrática de economistas.
El reporte sobre Empresas Públicas elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuyo director general es Marcos Makón, detalla que los gastos de las empresas públicas totalizaron 2,5 billones de pesos en 2021, el 19,3 por ciento del total del gasto del Sector Público Nacional, equivalente al 5,4 por ciento del PIB. Tuvieron ingresos propios de 2,14 billones de pesos, a los que se sumaron 719.000 millones de transferencias estatales con recursos del Tesoro Nacional.
El saldo, desde la perspectiva fiscal presupuestaria, de la asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas fue de apenas 1,5 del PIB en 2021.
Qué significa el concepto Beneficio Social
Una forma de no caer en la trampa de la exclusiva evaluación contable de las empresas públicas es incorporar en la discusión pública el concepto Beneficio Social.
Es comprensible que la mayoría de los economistas no lo considere porque desmoronaría su esquema analítico conservador, puesto que debilita la idea fiscalista de que lo más importante de una empresa pública es que no tenga que demandar recursos del Tesoro Nacional.
La utilización de categorías económicas y contables tradicionales para estos balances distorsiona el análisis cuando se ocupan sólo de las ganancias/pérdidas contables y el monto de los subsidios que reciben para prestar el servicio público.
Conceptos que, tal como se entienden para otros sectores económicos, desfiguran hasta ocultar lo esencial del objeto principal de empresas públicas: el “beneficio social”, que también es una categoría económica pese a su escasa utilización en análisis convencionales.
El “beneficio social” de la red ferroviaria o de la conectividad de Aerolíneas Argentinas en una territorio extenso como el de Argentina o la provisión de agua y desagüe de Aysa, se puede cuantificar pero no se traduce en billetes en las cajas de las firmas.
Esta es la clave para empezar a transitar un sendero para valorizar el lugar que ocupan las empresas públicas.
En términos de economistas, se trata de evaluar las “externalidades” positivas de compañías estatales al momento de analizar el ejercicio contable y económico.
Un ejemplo de la aplicación de esta idea facilita su comprensión: Alemania aplica ese criterio desde 1979, calculando el beneficio público de los ferrocarriles de ese país, que lo ubica en unos 2200 millones de dólares promedio por año desde entonces.
Esta utilidad se integra por la menor contaminación, el menor tiempo de los viajes, el ahorro en combustibles fósiles, el ahorro de vidas y accidentes, la menor infraestructura para movilizar la misma cantidad de pasajeros o unidades de carga por año. Para el caso argentino se puede sumar la integración territorial, el dinamismo sociolaboral de los pueblos y el menor costo de transporte para la población y para la carga de mercadería.
¿El análisis tecnocrático tiene la capacidad de ampliar de este modo el criterio de evaluación de las empresas públicas?
Subsidios y tarifas
Las empresas públicas son herramientas estratégicas que tienen los Estados para satisfacer requerimientos básicos de la población que no pueden depender exclusivamente de negocios ni de rentas privadas.
El déficit suele medirse habitualmente a través de las transferencias presupuestarias que realiza el Tesoro Nacional a las empresas para cubrir los desequilibrios.
El simple análisis contable no toma en cuenta que estos giros tienen, fundamentalmente, una motivación de política económica, y no se originan en deficiencia en la gestión operativa.
Los subsidios tienen el origen en la fijación de tarifas por debajo de la cobertura de los costos con el explícito objetivo de mejorar el ingreso de la población, que deriva en mayor dinamismo de la demanda interna y el consiguiente impulso del crecimiento general de la economía.
Radiografía de la red de empresas públicas
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso ofrece el mapa actual de empresas públicas. En el Sector Público Nacional No Financiero existen 34 compañías que, por su dimensión en términos de recursos, gastos y empleo, ocupan un rol significativo en el sector público y en la economía.
Este conjunto incluye a YPF, compañía en la que el Estado posee el 51 por ciento de las acciones, designa a sus autoridades e influye en sus principales decisiones productivas y comerciales. La inclusión de YPF, principal empresa argentina y bajo control estatal desde la expropiación del 2012, amplía al conjunto de las empresas públicas en prácticamente todas las dimensiones económicas.
En línea con lo que sucede en otros países de la región, la presencia de YPF consolida la importancia del sector energético en el universo de las empresas estatales.
La dimensión del empleo y de los subsidios
El reporte afirma que las empresas públicas son un gran empleador de la economía argentina, al sumar 111 mil personas (dato de 2021), con regímenes laborales y salariales heterogéneos.
Este conjunto de firmas agrupa una de sólo 2 empleados, como Polo Tecnológico Constituyentes, o 10 empleados, como Playas Ferroviarias de Buenos Aires, con otras de más de 20 mil, como la Sociedad Operadora Ferroviaria e YPF.
El empleo en las empresas estatales equivale al 39 por ciento del total del empleo público de planta permanente y transitoria en la Administración Nacional (ministerios y organismos descentralizados, incluyendo Anses).
En términos generales, las remuneraciones en las empresas estatales son similares a las de las empresas privadas del sector correspondiente, y suelen ser superiores a los salarios de la administración pública nacional. En términos del empleo, cinco compañías (la Operadora Ferroviaria, YPF, Correo, Aerolíneas Argentinas y AySA) concentran el 75 por ciento del total del personal de las empresas públicas.
Además de YPF, que nunca recibió subsidios desde su reestatización, hay otras empresas públicas superavitarias que no requieren de aportes del Tesoro Nacional: Nucleoeléctrica Argentina, Administración General de Puertos, Yacimientos Minerales Aguas del Dionisio y Tandanor.
En el otro extremo, hay otras que dependen casi enteramente de la asistencia presupuestaria: Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
Otras grandes empresas públicas, como Energía de Argentina (Enarsa), Aguas y Saneamiento (AySA), Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y las ferroviarias reciben transferencias del Tesoro Nacional en forma recurrente. No se trata de transferencias puntuales, sino de fondos que año tras año solventan gran parte de sus erogaciones.
En una definición controvertida, el reporte afirma que “desde la perspectiva fiscal presupuestaria, la asistencia para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas ha crecido a valores preocupantes, equivalentes a 1,5 por ciento del PIB en 2021“.
Definir ese porcentaje como “preocupante” es una exageración tecnocrática puesto no tiene en cuenta el aporte que realizan, como se explicó antes, en términos de beneficio social y, en especial, que el sector privado no atendería servicios no rentables perjudicando a una porción importante de la población.
La comparación con la década del ’80
A fines de la década de los ’80, las empresas estatales tenían una posición muy importante en la economía, y su evolución era determinante para las cuentas públicas. En 1989 casi 100 compañías nacionales ocupaban 347 mil empleados, tenían gastos equivalentes al 20 por ciento del PIB, y contabilizan un déficit fiscal de 5,5 por ciento del PIB.
El informe advierte de todos modos que “no todo el déficit de las empresas públicas puede ser atribuido a sus ineficiencias”. En muchos casos, los desequilibrios operativos son el resultado de políticas de precios bajos (tarifas subsidiadas) decididas por las autoridades y gestionadas por las empresas.
El 86,5 por ciento de los subsidios del Tesoro en 2021 se concentró en cinco compañías: Enarsa, las empresas ferroviarias, Aerolíneas Argentinas, AySA y el Correo. En este contexto, “las transferencias del Tesoro a estas empresas son más el resultado de las decisiones de políticas públicas (los subsidios al consumo hogareño de energía y al transporte público de pasajeros), que asistencias a las empresas derivadas de su mal desempeño”.
En otros términos, esto implica intervenir en la distribución del ingreso para incrementar en forma indirecta el salario o las jubilaciones de la mayoría de la población.
Fuente: Página 12
