El impacto demoledor de la sequía sobre las exportaciones, la disponibilidad de dólares y la recaudación de impuestos obliga al Gobierno a rediscutir el convenio con el Fondo Monetario, empezando por la meta fiscal. Los antecedentes de De la Rúa y Macri.
La recaudación de retenciones a las exportaciones cayó 73 por ciento en febrero en términos reales a causa de la sequía. En marzo, las declaraciones juradas de ventas al exterior del sector rural totalizaban 1,68 millones de toneladas hasta el día 28, un nivel ínfimo comparadas con las 7,61 millones de toneladas de igual período de marzo de 2022. Los camiones que ingresaron a puerto para la exportación de la cosecha bajaron a un promedio de 2 mil por día, contra los 4780 de promedio diario de marzo del año pasado. En este momento hay 125 barcos cargados, contra 216 del mismo lapso de hace un año. La liquidación de divisas del primer trimestre es 64 por ciento inferior en la comparación interanual.
Los datos, recopilados por el especialista y ex funcionario del Ministerio de Agricultura Javier Preciado Patiño, reflejan el impacto demoledor que está teniendo la peor sequía en cien años sobre la economía nacional, que ya venía escorada por los desajustes de precios que ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania -disparó la inflación más alta en cuatro décadas para la enorme mayoría de los países-, el alza de la tasa de interés internacional a su máximo nivel en el siglo y con el desgaste previo de la pandemia, más la herencia de endeudamiento, default y crisis aguda que había dejado el gobierno de Juntos por el Cambio.
El escenario es dramático, con la inflación arriba del ciento por ciento, la pobreza rozando los 40 puntos, el consumo masivo en declive y el nivel de actividad a punto de pasar del verde que logró exhibir en 2021 y 2022 al rojo, con perspectivas de caída del PIB de entre 2 y 3 por ciento para este año.
El panorama de insuficiencia relativa de divisas que asfixia a la economía se agrava por ser un año electoral, en el cual los distintos actores de la economía aumentan la dolarización de carteras como refugio o para presionar por una devaluación. Las señales que entrega la oposición respecto a que aplicará una devaluación en caso de imponerse en las urnas exacerban esa tendencia histórica.
No devaluar
La evaluación del gabinete económico es que todos esos males empeorarán con un salto cambiario generalizado. La consigna que guía al Gobierno es evitar la devaluación porque interpreta que desatará una estampida inflacionaria más intensa de la que ya existe, hundirá más los ingresos populares y no habrá ganancias de competitividad por la propia suba de precios internos. Es lo que ocurrió con las devaluaciones sucesivas en el gobierno de Mauricio Macri, que en lugar de acomodar la situación como se pregonaba terminaron profundizando la crisis.
“Una devaluación en este contexto, con un gobierno debilitado y con pocos meses por delante, puede desencadenar un escenario disruptivo que desancle las expectativas definitivamente y resulte muy difícil de dominar, incluso en términos políticos”, analiza Sergio Chouza, de la Consultora Sarandí.
“Argentina no tiene un problema de competitividad. El tipo de cambio real multilateral está en 96,5, un nivel más que aceptable. El problema es que faltan dólares por la sequía. Si se devalúa, la inflación se come la diferencia en dos o tres meses, la gente es más pobre y no se resuelva nada”, se suma Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Poder de fuego
La estrategia oficial es fortalecer las reservas del Banco Central por distintas vías y aumentar la capacidad de intervención sobre los dólares financieros -contado con liquidación y MEP-, de modo de sostener la estabilidad cambiaria hasta el final del mandato.
Para el primer objetivo, Alberto Fernández y Massa negociaron en Washington el otorgamiento de nuevos préstamos del Banco Mundial, el BID y la CAF por 3000 millones de dólares. La segunda jugada es el relanzamiento del dólar soja, esta vez con alcance a producciones regionales, en lo que el ministro definió como “dólar agro”. Son caminos que el Poder Ejecutivo exploró con éxito el año pasado, con el mismo fin de evitar que se altere la comprometida paz cambiaria.
“El dólar agro tiene dos ventajas que son el aumento de la liquidación de divisas y la suba de la recaudación impositiva, que en este momento se presenta como otro problema delicado”, interpreta Letcher.
“Diseñar dólares preferenciales para sectores generadores de divisas es sensato en el actual contexto de debilidad. Lo que más aprieta es la pata de los dólares. Es lógico que el Gobierno otorgue una preferencia cambiaria para motivar las ventas y la liquidación de los saldos que existan”, coincide Chouza.
Ambos analistas también consideran que el canje de bonos del sector público es una medida apropiada para incrementar el poder de intervención frente a los dólares financieros y evitar corridas. “Me parece una medida audaz e inteligente. No tiene sentido lo que dice la oposición sobre supuestos perjuicios al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque los títulos que recibe el FGS están bien”, marca Chouza. “Más perjudicial para el FGS sería una devaluación. El canje de bonos lo que busca es evitarla y en ese sentido es positivo para el fondo previsional”, completa Letcher.
Renegociar o incumplir
La renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es clave para evitar el descalabro económico. “Massa tenía una estrategia a principio de año que no era fácil pero que era posible. La sequía dinamitó todo. Fue como una bomba neutrónica y en estas condiciones no hay forma de cumplir las metas del FMI”, señala el titular del CEPA.
El Gobierno pretende recibir desembolsos adicionales del organismo para compensar la pérdida de reservas por la baja de exportaciones a causa de la sequía. Aspira a no menos de 5000 millones de dólares. Sin ese auxilio, la menor disponibilidad de dólares golpeará duramente sobre el nivel de actividad. Los propios funcionarios estiman una caída del PIB de entre 2 y 3 por ciento en el año en caso de no acceder a fondos frescos.
El otro punto a revisar son las metas fiscales. La menor actividad económica y la baja en las exportaciones castigan a la recaudación de impuestos, con lo cual el compromiso de reducir el déficit a 1,9 del PIB no es alcanzable sin ocasionar daños mayores. Ajustar el gasto público en un escenario recesivo sería como apagar un incendio con nafta, como también se comprobó en el gobierno de Macri cuando quiso aplicar el déficit cero. En aquel caso, el Poder Ejecutivo y el FMI, bajo la conducción de Christine Lagarde, coincidían en que era la mejor receta.
“Si el FMI no cediera sería equivalente a soltarle la mano al Gobierno, como hizo en 2001 con De la Rúa. No me parece que vaya a pasar porque para el Fondo no es sencillo que la Argentina vuelva a caer. Antes de junio, que es cuando se hace la revisión del primer trimestre del año, debería haber nuevas metas fiscales para el acuerdo”, indica Letcher. “Si no las hubiera, el Gobierno tendrá que incumplir y pedir un waiver, pero no se puede atar a compromisos que asumió con otra realidad, cuando la sequía no existía”, alerta.
Los gobiernos de De la Rúa y Macri se abrazaron a las exigencias ortodoxas del FMI hasta su caída. Es una lección que el actual gobierno no puede olvidar.
Fuente: Página 12
