Los documentos que la Iglesia entregó a la Justicia
La jerarquía de la Iglesia no entregó a la Justicia todos los documentos revelados en su última investigación. Pero entregó listados de personas buscadas por sus familias. La información confirma que “Iglesia tenía completa precisión del proceso que estaba viviendo la Argentina. Y que ya desde julio del ´76 empiezan a llamar ´desapariciones´ a las ausencias denunciadas por los familiares”, dice la diputada y abogada querellante Myriam Bregman.
Listas de detenides y desaparecidos. Nombres de personas por quienes madres y padres, hermanes, tíes acudieron a la Iglesia en busca de ayuda para obtener información sobre su paradero, apurar su libertad, mejorar sus condiciones de detención, que las autoridades eclesiásticas enlistaron y entregaron una y otra vez, durante años, a los responsables de tamaños sufrimientos. Ésa es la información que el Episcopado entregó a la Justicia argentina para que, 47 años después de elaborada y durante todo ese tiempo retenida, sume al proceso de juzgamiento de genocidas por aquellos crímenes de lesa humanidad. El resto de los archivos de la Iglesia vinculados al terrorismo de Estado, documentos que confirman que obispos, representantes del Vaticano y hasta el propio Papa sabían acerca de las violaciones a los derechos humanos que sucedían en el país, continúa bajo su custodia.
A principios de febrero pasado, los miembros de la Comisión Ejecutiva del Episcopado, monseñores Carlos Ojea, Marcelo Colombo, Carlos Azpiroz Costa y Alberto Bochatey informaron a través de un comunicado que el primer tomo de “La verdad los hará libres” comenzaba a circular públicamente. La investigación, encargada por las autoridades católicas y desarrollada por teólogos de la casa, revisa los archivos de la Conferencia Episcopal y el Vaticano vinculados a la última dictadura y sus años previos. En ese mismo comunicado, las autoridades comentaron la entrega a la Justicia argentina de “aquellos documentos hallados durante este tiempo de clasificación que pudieran ayudar a lograr una justicia largamente esperada”.
Fue Ojea en persona a entregar la data al juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación de la causa ESMA, quien luego distribuyó, vía Cámaras Federales, a los diferentes juzgados que tienen a su cargo causas de lesa humanidad. Y el trabajo no requirió demasiado esfuerzo, pues la documentación no era mucha. De la enorme cantidad de documentos, actas, testimonios, intercambios epistolares y reflexiones, entre otros tantos tipos de registros contenidos en los archivos que revelan diálogos directos entre autoridades eclesiásticas y dictadores, reconocimientos de secuestros, torturas y desapariciones y el silencio cómplice –cuanto menos– de la jerarquía eclesiástica y de individualidades respecto de esos hechos, Ojea tan solo presentó un puñado de listas de personas que habían sido detenidas o secuestradas durante la última dictadura.
“Son unas 79 cartas en las que la Iglesia informa a la dictadura sobre los detenidos y desaparecidos que están siendo buscados por sus familiares y apenas una veintena de respuestas de la dictadura a esas listas”, resumió a este diario la diputada Myriam Bregman, que es abogada querellante en varios expedientes que investigan crímenes de lesa humanidad durante el genocidio. “La dictadura no responde y la Iglesia manda una y otra vez listados, sin repreguntar, sin insistir, una actitud que se parece más a un trabajo de inteligencia de los familiares que a una búsqueda de la verdad. No sirvió para otra cosa porque la dictadura nunca les dijo nada de los desaparecidos. Los listados les servían más al Ministerio del Interior que a quienes esperaban dar con algún dato de sus seres queridos”, completó.
Expectativas incumplidas
Bregman se acercó al juzgado de Lijo no bien supo de la entrega de documentos, hace algunas semanas. “Fui con gran expectativa y me encontré con esto”, contó a este diario. Con la misma expectativa, Abuelas de Plaza de Mayo realizó a principios de la semana pasada pedidos de acceso a los aportes eclesiásticos ante el Juzgado federal número 2 de San Martín. Lo hizo en búsqueda del testimonio completo que dejó Federico Gógala, capellán en el Hospital Militar de Campo de Mayo quien contó, en 2007, sobre la maternidad clandestina que allí funcionó. Su testimonio está citado en el tomo II de “La Verdad los hará libres”, pero no fue aportado a la Justicia por el Episcopado.
“Se trata de más de 1000 documentos que no están catalogados ni clasificados, lo cual representa una complejidad grande al momento de analizarlos, aunque por el momento sólo vimos listas con nombres”, apuntó a este diario Carolina Villella, del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. También desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad lograron contar con una copia de los archivos eclesiásticos entregados de la que están anoticiando a fiscales de todo el país. “Es un reclamo histórico que se le realizó a la Iglesia y ahora se deberá determinar si lo entregado sirve para seguir construyendo justicia y verdad. Hay que estudiarlo primero”, advirtió la titular de la PCCH, María Ángeles Ramos.
Qué entregó la Iglesia
El material que la Iglesia presentó a la Justicia está explicado en el capítulo 24 del tomo II de “La verdad los hará libres”. Según los teólogos a cargo de la redacción de este fragmento, la Nunciatura –representante del Vaticano en Argentina– realizó presentaciones ante las autoridades de la dictadura “pidiendo por los detenidos desaparecidos cuyos familiares o allegados habían acudido a su intervención”.
Según figura en la publicación, la institución recibió pedidos por 3115 casos de “detenidos, desaparecidos o secuestrados”, material que fue “desclasificado” en 2016, de manera reglada y acceso sesgado a familiares y organismos de derechos humanos principalmente, no fue aportado a la Justicia. Sobre esa base, la Nunciatura elaboró listas que presentaban periódicamente en comunicaciones epistolares ante el Ministerio del Interior dictatorial, a cuyas autoridades señalaban muy protocolarmente como “excelencia”. Y también envió cartas –unas 284– con pedidos por casos particulares, pero no se explica las razones de dicha insistencia ni han sido entregados a la Justicia esos documentos.
La primera lista con desaparecidos, secuestrados y detenidos registrados por la Iglesia fue entregada en mano por el nuncio Pío Laghi al titular de la cartera, el genocida Albano Harguindeguy, el 13 de julio de 1976.
Las listas, fechadas e identificadas con número protocolar, estaban encabezadas con el período al que pertenecían los casos sobre los que la autoridad eclesiástica había recibido solicitudes. Variaban en el número de personas nomencladas “ya que se iban agregando nuevos casos”. Fueron 80 listas en total: 17 presentadas en 1976, 19 en 1977 –con un total de 1422 personas registradas–, 20 entre 1978 y 1979 y 12 en los años restantes. La Conferencia Episcopal también recibió pedidos de ayuda de familiares y allegados de víctimas, que según informan los investigadores, compartió con los nuncios Pio Laghi y Ubaldo Calabres y que integró las listas compartidas con la Justicia.
La caída de Walsh
“Impresiona comprobar la celeridad con la que gestionaron la información. El caso de Rodolfo Walsh es impresionante. A Rodolfo lo desaparecen el 25 de marzo de 1977 y si bien la familia se movió rápidamente para denunciar, es llamativo que la iglesia supiera y haya informado a la dictadura apenas días después”, apuntó Bregman, que representa a Patricia Walsh, la hija del militante, periodista y escritor en la causa ESMA. Entre la documentación presentada por la Iglesia a la justicia, que la abogada pudo ver, figura una lista entregada al Ministerio del Interior dictatorial con “desaparecidos, secuestrados, detenidos notificados a la Nunciatura Apostólica del 16 al 31 de marzo de 1977” en la que el caso de Walsh es el número 46.
Al día siguiente que una patota hiriera de muerte a Walsh en la esquina de San Juan y Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires y se llevara su cuerpo a la ESMA, su compañera Lilia Ferreyra y su hija Patricia acudieron a la casa donde él vivía en San Vicente. Patricia había recién parido a Mariano, uno de sus hijos. Encontraron la casa baleada, vacía y patas arriba. En los días siguientes presentaron hábeas corpus y hablaron con quien pudiera ayudarles a denunciar lo ocurrido. Entre elles, a Catalina, la hermana de Rodolfo, que era monja.
En las listas, la mayoría de los nombres de las víctimas están acompañados de una breve descripción del caso. En el caso de Walsh, por ejemplo, dice: “50 años con 2 hijos. Periodista. Secuestr. 25.03.77 en San Vicente. Bs. As”. De Iris Pereyra de Avellaneda y “su hijo” Floreal Avellaneda no hay datos consignados. De Adriana Calvo tampoco; de Franca Jarach tan solo acompaña el adjetivo “desaparecida” –integra la segunda lista presentada por la Nunciatura–. A Bregman le “llamó la atención” que en los listados estuviera consignado Enrique “Cachito” Fukman, cuya familia practicaba la religión judía. La ausencia de Enrique Barry también le sorprende, ya que le “consta” que por su desaparición la familia ha hecho gestiones ante la Iglesia. “En las listas no aparece su nombre”, apuntó la abogada.
Las respuestas de la dictadura
Según el acervo de la Iglesia, la dictadura respondió con “alguna información” en el 35 por ciento de los casos presentados por la Nunciatura. Envió 260 cartas a la Iglesia –Nunciatura o CEA– en la que aportaba algo cuando se trataba de casos de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se trata de desaparecidos o apropiación de bebés, las respuestas eran evasivas o negativas: “No se tienen registros”.
“Y la Iglesia seguía presentando listas frente a esta negativa”, apuntó Bregman. “Esta información no sirve de nada a las causas judiciales más que para confirmar que la Iglesia tenía completa precisión del proceso que estaba viviendo la Argentina. Esas listas demuestran que ya desde julio del 76 les empiezan a llamar desapariciones a las ausencias denunciadas por los familiares; que la relación entre la jerarquía eclesiástica y el Ministerio del Interior era fluida”. completó la diputada, quien reclamó por una “apertura en serio de todos los archivos”. “En Argentina el juzgamiento de genocidas está basado en el testimonio de los sobrevivientes. Y hasta que no haya una apertura de los archivos, que existen y que tienen mucha información, seguirá habiendo una violación permanente al derecho a la verdad de las víctimas. Hay una deuda fundamental con el destinos de los desaparecidos y con las personas que continúan apropiadas”, señaló sobre los nietos y nietas que aún resta restituir. “Queremos la verdad y la Iglesia la sigue retaceando”, concluyó.
Fuente: Página 12
