Bariloche: la cara oculta del conflicto por tierras mapuches usurpadas por el country Arelauquen
El mayor temor de Arelauquen consiste en que la devolución de las tierras a la Lofche Celestino Quijada derive en la construcción de una “villa” al lado de su alambrado, lo que desplomaría el valor inmobiliario del emprendimiento, explicó el abogado de la comunidad.
Catorce años aguantaron las siete familias de la comunidad mapuche Celestino Quijada que los dueños del barrio privado Arelauquen los dejaran encerrados en la ladera sur del cerro Otto, cerca de Bariloche. “Recién por orden de una jueza federal están corriendo el alambrado, y van a poner la luz y el agua”, dice a Página/12 Luisa Quijada, ahora que recuperó señal en su teléfono. “Todos estos años nos encerraron porque tienen plata nomás, una no tiene, mis hermanos tuvieron que dejar a los chicos chiquitos en el pueblo para ir a la escuela porque sino no estudiaban, un médico acá no podía entrar, para ir a buscar un kilo de carne había que escalar todo el cerro”, agrega la mujer mapuche que es la Inan Lonko (líder política y espiritual). “La apuesta del country era cansarlos y que se fueran, porque incluso los estaban privando de los servicios básicos como agua y electricidad”, explica el abogado de la comunidad, Matías Schraer.
“Nos querían cansar, a mi hermano le pegaron más de cuatro veces, lo pasaban por debajo de un alambre porque decían que andaba merodeando por el country, nos corrían los animales, alambraron detrás de su galpón”, dice Luisa sobre lo que padeció su hermano José Ángel. “Una vez vinieron a quemarle la ruca (casa), no pensaron que estábamos todos adentro, pero no nos vamos a dejar matar” y sintetiza: “El aislamiento nos empobreció, pero el daño emocional fue aún mayor”.
La jueza federal que menciona Luisa es María Silvina Domínguez, magistrada subrogante que se acaba de jubilar. Ella había recorrido este territorio del cerro Otto y en julio falló a favor de la comunidad Quijada, al rechazar los planteos de Arelauquen Golf & Country Club SA. El conflicto comenzó hace casi una década y media cuando ese barrio privado cerró el paso del camino que los integrantes de la Lofche José Celestino Quijada utilizaban cada día para ir al trabajo, la escuela y el hospital. El juez federal Gustavo Zapata había ordenado a la empresa dueña del barrio privado restablecer el paso, al considerar que el mismo es “de tránsito libre e incondicionado entre el territorio ocupado por la comunidad y el Barrio Unión de esta ciudad” (…) y “la paralización inmediata de toda obra y/o movimiento de suelo que esté desarrollando sobre el territorio ocupado por la comunidad Lofche”. Ese fallo fue ratificado por la jueza Domínguez en julio. Así, el selecto country –ubicado a orillas del Lago Gutiérrez– estaba obligado a cumplir las órdenes judiciales confirmadas por la magistrada que, además, convocó a las partes para dialogar sobre la ejecución de la sentencia.
Tarjeta de acceso
Ante los medios locales que habían acompañado la inspección, Luisa Quijada dijo que “este abuso y atropello fue silenciado durante años por el poderoso consorcio inmobiliario Burco de capitales extranjeros que, no conformes con sus riquezas, avanzaron sobre nuestro territorio dejándonos encerrados y empobrecidos”, agregó. Así, reiteró su reclamo de restitución de la parte de su territorio que fue alambrado “ilegalmente” por Arelauquen –unas 30 hectáreas–, y que respete su paso libre por el camino “de los Álamos”. En eso consiste la medida cautelar de la jueza Domínguez en la causa donde la comunidad demandó al Estado Nacional para que reconozca su “ocupación tradicional” y que “Arelauquen usurpó y alambró, por habernos bloqueado ilegalmente el paso por el camino que tradicionalmente utilizamos, poniendo en riesgo nuestra subsistencia”. En mayo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido la “ocupación actual, tradicional y pública de las tierras”, según los planos catastrales.
En tanto, el intendente de Bariloche Gustavo Gennuso se niega a aceptar ese derecho de la comunidad Quijada respecto de la zona en disputa.
La primera parte del reclamo se cumplió. Los integrantes de la Lofche tienen cada une su tarjeta de ingreso al country, la muestran y les levantan la barrera de acceso. Así pasan con sus viejos Renault12 y sus desvencijadas camionetas F100 echando humo por el camino interno del complejo hasta su territorio. Ante los fallos en contra que tuvo Arelauquen los propietarios contrataron los servicios del costoso estudio porteño Marval O’Farrell Mairal, que integra entre otres la hija del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, lo cual hizo subir de manera exorbitante el costo de las expensas extraordinarias que pagan los asociados al barrio privado, porque esos abogados cobran en dólares y por hora. En las últimas reuniones de consorcio algunos socios expresaron su deseo de acordar con la comunidad mapuche, a lo cual otros de los miembros del sector más conservador dijeron: “A esos indios, nada”. Por eso, para Schraer no sólo es una cuestión económica sino de clase, no los quieren cerca.
En diálogo con Página/12 el abogado explicó que la cautelar a la que ahora se hizo lugar tiene que ver también con los servicios. “De un lado del alambre está todo el lujo y la opulencia, hay unos regadores para las canchas de polo y golf, instalaron cámaras de seguridad para vigilar a la comunidad que está sin agua, en un espacio reducido”, dijo. Casualmente, la única parte plana de la Lofche que el Estado les reconoce en el relevamiento del INAI es la que Arelauquen “alambró de más”. El letrado sostuvo que no se trató de un error. “La intención fue vaciar el territorio bloqueando el paso para que los chicos no pudieran ir a la escuela y los adultos mayores tuvieran que hacer trekking extremo, pero no pudieron, entonces pretendieron ocultarlos con una especie de colchón de árboles, caballerizas y depósitos de escombros para que no se los viera”, precisó. El mayor temor de Arelauquen consiste en que la devolución de la parte plana a los mapuches signifique la construcción de una “villa” al lado de su alambrado, porque eso desplomaría el valor inmobiliario de sus tierras.
La aceptación del amparo firmado por la jueza implica mover el alambrado y devolver esa parte plana del terreno, donde la Lofche no planea hacer casas sino que pondrá a pastorear a sus animales, y cultivará sus alimentos en una huerta, algo que no pueden hacer en la inclinada ladera del cerro. “Desde que abrimos el paso volvió gente a la comunidad, pero no necesitan poner sus casas pegadas al country”, apuntó Schraer.
El Ejército metió la cola
“Hay un tercer actor, el Ejército le hizo juicio a la Lofche porque demanda el desalojo de esa tierra que considera suya, pero no así con el barrio privado, de hecho intercambiaron cartas documento con Arelauquen, para hacer algo en conjunto, un espacio recreativo, con tal de no devolverlo a la comunidad”, explicó el abogado. El cruce de misivas tuvo lugar entre septiembre y noviembre a cargo del director de la Escuela Militar de Montaña, Héctor Beretta. Este diario se comunicó con el ministerio de Defensa pero no obtuvo respuesta alguna.
Preocupados por la posible devaluación de esas cifras, por estas horas a los propietarios de Arelauquen, en esas reuniones de socios se planteó que sería más ventajoso modificar el perímetro, tal como ya estaría sucediendo, según pudo verificar este diario.
Segundos afuera
El INAI recalcó que la resolución de la jueza Domínguez cumplió con “los procedimientos previstos para la ejecución de la emergencia territorial indígena y lo preceptuado en la Ley de Procedimientos Administrativos”, que establecen que “para la demarcación territorial indígena no deben participar más sujetos que los que expresamente prescribe la resolución 587/2007 del INAI, que contempla el Estado, a través del organismo competente, la comunidad beneficiaria y los representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), pues de realizarlo de otra manera, la emergencia territorial que se busca remediar, se vería alterada y resultaría ilusorio dar cuenta sobre el estado de situación de la posesión de las tierras comunitarias a través de la generación de un diagnóstico como herramienta”.
El organismo insistió en que es una obligación del Estado demarcar las tierras ocupadas por comunidades indígenas y aclaró que previamente a realizarse los trabajos de campo, en este caso, se notificó al Ministerio de Defensa de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro y a la Intendencia del parque Nahuel Huapi. Mencionó también que el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. “Deviene innecesario convocar ni consultar a Arelauquen y a la Municipalidad ya que el relevamiento técnico jurídico y catastral no requiere la participación en el proceso de los titulares registrales ni terceros, toda vez que no modifica, no extingue ni crea derechos y obligaciones para ninguna de las partes”, planteó el INAI ante las quejas del privado, que invoca “perjuicios irreparables”, y el Municipio que aduce “avasallamiento” de su dominio.
Fuente: Página 12
