Desde 1976 la jerarquía católica contaba con “suficiente información” sobre secuestros, torturas y asesinatos
El segundo tomo de La verdad los hará libres, la investigación encargada por el Episcopado y basada en archivos oficiales desclasificados, detalla que las autoridades eclesiásticas estuvieron al tanto, desde el comienzo de la dictadura, de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los militares.
La Iglesia argentina supo desde 1976 sobre los crímenes de la última dictadura. La conclusión surge de La verdad los hará libres, una investigación encomendada por la Conferencia Episcopal Argentina sobre el rol de la institución frente a las violaciones a los derechos humanos bajo el terrorismo de Estado. En la segunda entrega de este trabajo, elaborado en base a los archivos oficiales, editado por Planeta y puesto en circulación hace algunos días –el primer tomo vio la luz a mediados de febrero–, los autores reconocen que desde los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 el Episcopado contaba con “suficiente información” sobre secuestros, torturas, centros clandestinos de detención, asesinatos y desapariciones. Y también que prefirió el diálogo institucional y privado con las autoridades genocidas para canalizar “reclamos” al respecto, un “gobierno” que “permaneció imperturbable en su política criminal y condujo en base a la mentira una estrategia con la CEA. ¿Cómo algunos obispos tan experimentados en la conducción no fueron capaces de darse cuenta? ¿Cómo fue posible dejar esa herida abierta en la Iglesia y la sociedad argentina?”, concluyen los autores con interrogantes que no tienen respuesta pues, claro, quienes podrían darlas, dirigentes eclesiásticos de entonces como Raúl Primatesta, Adolfo Tortolo, Juan Carlos Aramburu o Antonio Plaza, cuya complicidad con el plan sistemático de exterminio quedó evidenciada, ya están muertos.
“La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado”, se subtitula el segundo tomo del trabajo encomendado por el Episcopado a un grupo de teólogos e historiadores como Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros. La obra busca ser una especie de “revisión” del comportamiento de la Iglesia y sus organismos, tanto locales como en El Vaticano, en relación a lo que la institución prefirió identificar como “la espiral violencia política” del período 1966-1983.
El segundo tomo está exclusivamente dedicado al análisis de los archivos de la CEA y el archivo de la Santa Sede, incluida la Secretaría de Estado, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y la Nunciatura en Buenos Aires. Según los responsables de la tarea, “por primera vez” se accede y estudia “de forma integral” este acervo que, no obstante, no fue puesto a disposición del público.
Al cierre de poco más de 800 páginas, los autores concluyen que“una síntesis no novedosa, aunque comprobada documentalmente es que el cuerpo colegiado de obispos argentinos no estuvo a la altura de los acontecimientos”. Para la investigadora de Conicet Soledad Catoggio, el material es “un avance muy importante” en términos de la información “respaldada con documentos” sobre el comportamiento de la Iglesia durante la última dictadura. La autora del libro Los desaparecidos de la Iglesia. El clero contestatario frente a la Dictadura indica que allí, en esa línea de reconocimiento, se “define muy bien” el peso del trabajo: “Siempre se supo que las autoridades de la Iglesia hablaban con los militares. Tener un primer acceso al contenido de esas reuniones, aunque sea mediado, es un gran primer paso. Ahora necesitamos que el acceso a esa documentación sea público”, remarcó.
Con información, sin reacción
Para mediados de 1976, los obispos de la CEA sabían, en mayor o menor medida, que el “gobierno argentino”, como decidieron nombrar a la dictadura en el libro, estaba secuestrando y torturando gente, y que a esa gente sus familiares les perdían el rastro, o los hallaban asesinados. También lo sabía el nuncio Pio Laghi, encargado del vínculo entre las autoridades eclesiásticas argentinas y El Vaticano.
“Para las autoridades comenzó a ser evidente que un número tan elevado de víctimas no podía entenderse sin una intervención organizada de la dictadura”, plantean los investigadores en la introducción a uno de los capítulos más jugosos de la investigación, al que titularon “El terror”. “Ellos fueron concientes de que haber actuado en silencio había deteriorado su propia imagen”, postulan luego.
La información llegaba por diferentes vías: “Los obispos, individualmente o en forma colegiada, recibieron numerosos pedidos para que intervinieran ante las autoridades gubernamentales en favor de los detenidos y desaparecidos”, a través de cartas, entrevistas, confección de listas.
Las actas secretas
Los “diálogos” entre Iglesia y dictadura comenzarían a estar enmarcados en una Comisión de Enlace, serían secretos y no llevarían a buen puerto. La Comisión de Enlace fue un “canal reservado de comunicación entre representantes de la dictadura y la comisión ejecutiva de la CEA”, que se fundó en septiembre de 1976.
El objetivo de la Comisión era discutir puertas adentro los “problemas irritantes” antes de que causaran fricciones en la relación dictadura-Iglesia. Es decir, no se creó con el objetivo de obtener respuestas de cara a los cientos de reclamos de personas que acudían a representantes de la institución en busca de ayuda. Según el libro, entre noviembre de 1976 y octubre de 1981 hubo 22 reuniones de esta comisión entre diferentes representantes de la dictadura y dos representantes de la CEA: Carlos Galán, secretario general del Episcopado, y Justo Laguna, entonces obispo de San Isidro. “El tema de las violaciones a los derechos humanos estuvo presente en 19 de las 22 reuniones”, postula la investigación.
“Emilio Mignone –fundador del Centro de Estudios Políticos y Sociales– fue quien denunció la existencia de esta Comisión y reclamó la apertura de las actas de estos encuentros. Sabíamos que hablaban de los desaparecidos, pero nunca lo habíamos podido documentar”, mencionó Catoggio, quien destaca “el hecho de que sea la propia institución la que da este paso es un montón. Ahora sabemos que esos documentos están, que son seguramente muchos más de los citados en la investigación. Queremos verlos”.
En las actas, todas confeccionadas por Galán, queda plasmado el tono diplomático del diálogo entre el Episcopado, que planteaban en el ámbito privado que sabían lo que estaba ocurriendo, y los representantes de la dictadura, quienes en un principio negaron que secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones fueran parte de su “plan de lucha contra la subversión”, y rápidamente pasaron a justificarlos sin demasiados argumentos.
Sin ir más lejos, en la quinta reunión de la Comisión de Enlace, en diciembre de 1977, el secretario de la Marina Eduardo Fracassi admitió operativos en el marco del plan sistemático, métodos de “ablande” para los detenidos e incluso asesinatos: “Admitió que los guerrilleros son muertos y que luego se los hace aparecer como muertos en alguna acción de calle”, según el extracto de una de las actas mencionadas en el libro. Ante esta “confesión”, los obispos discutieron qué hacer. Aramburu prefirió dudar de los dichos del marino, Tortolo lo justificó al mencionar que “al Estado le es lícito defenderse”. Jaime De Nevares reconoció la gravedad: “Entonces el fin justifica los medios. Hay documentación suficiente para saber que se tortura”.
Silencio atronador
Un encuentro fundamental para comprender el rol de la Iglesia en el terrorismo de Estado tuvo lugar durante la asamblea de la CEA en mayo de 1977, en San Miguel. Asistieron tres representantes de la Junta Militar para “dialogar” con los 57 obispos reunidos sobre los métodos implementados en la “lucha contra la subversión”. Según las actas, el más efusivo fue el genocida Roberto Viola. “La victoria a la que aspiran las fuerzas no puede alcanzarse sin el apoyo de la Iglesia”, les dijo a los obispos. “La actitud de la Iglesia hacia el Proceso y más específicamente hacia la lucha ha sido de comprensión. Y más aún, ha significado un silencioso e invalorable apoyo”, concluyó.
El general Luciano Jáuregui prometió que no se realizarían acciones que afectaran lugares de culto. Meses después vendrían los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, de donde se llevaron a las Madres de Plaza de Mayo, para luego secuestrar a las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Ya habían pasado los asesinatos del obispo Enrique Angelelli, los curas de La Rioja y los palotinos de San Patricio. Luego vendría el “accidente” de Carlos Ponce de León. Para cerrar la exposición, los generales les exhibieron a los obispos una “película-documental” que hablaba sobre la “infiltración marxista” en la Iglesia y les exigieron “colaboración” para erradicarla.
A lo largo de los años del genocidio, algunos documentos públicos de los obispos criticaron los métodos de la dictadura, sin condenarla del todo ni exigir el regreso a un orden democrático. La investigación de la CEA considera como “una de las claves” respecto de su accionar limitado frente a los crímenes de lesa humanidad lo que Primatesta -quien la presidió entre 1976 y 1982- sostuvo como excusa a fines de 1983: “Si no hablamos más fuerte o públicamente no ha sido por connivencia con métodos que repugnan a la concepción cristiana del hombre, sino por no añadir un elemento más de confusión o desorden que hubiera llevado al país al caos”. El silencio habla a los gritos.
Fuente: Página 12
