A propósito de la carta abierta de Anmistía Internacional a los candidatos a Presidente de la Argentina: ¿Quién creés que va a ser el próximo presidente o presidenta de la Argentina. Escribí una carta explicándolo. Tomá como ejemplo: “Carta abierta a los candidatos a Presidente de la Argentina?

Consigna: Presidente Argentina ¿Quién creés que va a ser el próximo presidente de la Argentina? A propósito de la carta abierta de Anmistía Internacional a los candidatos a Presidente de la Argentina: ¿Quién creés que va a ser el próximo presidente o presidenta de la Argentina. Escribí una carta explicándolo. Tomá como ejemplo: “Carta abierta a los candidatos a Presidente de la Argentina?

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CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA ARGENTINA

Argentina elegirá el 27 de octubre a su próximo Presidente, quien deberá liderar el país desde 2020 hasta 2023. Los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno serán complejos y muy variados. Hoy es el primer debate presidencial y desde Amnistía Internacional queremos pedirles a los candidatos que hagan pública qué política de protección de derechos humanos implementarán si llegan a ser electos por la ciudadanía.
Aún queda mucho para que podamos hacer realidad la visión de un mundo en el que todas las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos. Hace más de 60 años Amnistía Internacional asumió el compromiso de luchar para que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos. Aquí en Argentina, en la región y en el mundo.
Hablar hoy de derechos humanos es un desafío. Los derechos humanos son derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas. No responden a ningún partido ni a una
única ideología política o interés.
Es por eso que quien asuma la Presidencia de la Argentina deberá garantizar un liderazgo que sitúe a los seres humanos en el centro de las políticas, planes y programas de gobierno para consolidar al país como un ejemplo de respeto, protección y promoción de los derechos de todas las personas, sin importar su ideología, partido, origen, género, identidad, nacionalidad ni situación económica, entre otras cuestiones. Y Amnistía Internacional estará allí para contribuir con que así sea, como lo ha hecho en los últimos 60 años.
La injusta distribución de la riqueza; la falta de transparencia y rendición de cuentas; las barreras de acceso a la justicia; y el debilitamiento de las instituciones son solo algunos de los
motivos por los que muchas personas todavía no disfrutan de sus derechos fundamentales.
En el contexto de una profunda crisis, que incluye la retracción de la actividad económica; el aumento de la pobreza; la caída del salario real; el deterioro de las jubilaciones y otras prestaciones sociales; la pérdida de empleos y la baja del poder adquisitivo frente al aumento
de la inflación, el Estado argentino no debe responder con medidas de austeridad sin tener en cuenta las normas, los principios y los compromisos en materia de derechos humanos que asumió la Argentina en su historia.
Las medidas de austeridad son políticas basadas en la reducción del gasto público, que suelen estar acompañadas de subas de impuestos que perjudican, especialmente, a las personas en situación de pobreza, porque aumentan los precios de productos básicos como los alimentos. Este tipo de políticas afecta el acceso de las personas a los derechos humanos básicos: la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social.
No hay duda de que el presupuesto nacional soporta una gran presión, pero ¿el Estado está haciendo el máximo uso posible de todos los recursos disponibles, como lo exige el derecho de los derechos humanos, para proteger a las personas?
El acceso a la salud no debe ser nunca un beneficio para pocos sino un derecho de todos y todas, que incluye el acceso a los medicamentos, las vacunas y los tratamientos médicos requeridos, y recibir una atención profesional en un tiempo razonable, sin demoras excesivas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas. Este derecho se extiende a factores determinantes básicos de la salud como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua potable y a las condiciones sanitarias adecuadas, situaciones de trabajo seguras y un medio ambiente sano.
La posibilidad real de acceder a una vivienda digna es un derecho humano. Los Estados deben tomar medidas para garantizar que las personas vivan en circunstancias seguras, sin estar hacinadas en asentamientos improvisados ni en situación de calle o alojadas en
habitaciones en condiciones inaceptables. Esta posibilidad incluye el derecho, a no sufrir desalojos forzosos injustos, a que quienes alquilan una propiedad puedan estar protegidos y a que se pueda acceder a servicios básicos, removiendo los factores que habilitan o limitan las condiciones de acceso.
La educación es la base para el desarrollo de las generaciones futuras. Es una herramienta imprescindible para el ejercicio de otros derechos, tales como el trabajo, la igualdad y el disfrute de una vida digna. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños, la lucha contra el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente, entre otros puntos. Para eso, los Estados deben proveer, financiar y supervisar la educación, de manera de asegurar el libre acceso, la permanencia y el egreso en igualdad de oportunidades y posibilidades
El derecho al trabajo es fundamental para la realización de otros derechos humanos y para tener una vida en dignidad. Esto incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante una ocupación libremente elegida o aceptada. En estrecha relación con el derecho al trabajo está el de acceder a condiciones equitativas, satisfactorias, seguras y saludables. El Estado debe garantizar un salario mínimo –determinado en función de factores como el costo de vida y otras condiciones económicas y sociales– que permita una vida digna para los trabajadores y sus familias.
Durante la mayor parte de la historia, las mujeres han estado atrapadas en un ciclo de discriminación impulsado por jerarquías y normas de género. En respuesta a la resistencia y el activismo de las mujeres en el mundo, diversos grupos -muchos de ellos religiosos- han adoptado una nueva táctica de persecución acusándolas de ser “impulsoras de una ideología de género” que “amenaza los valores de la familia”.
Acusaciones como estas profundizan estereotipos y desincentivan el debate público. La participación política de las mujeres, la paridad salarial, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y al aborto, el poder vivir una vida libre de violencia y expresarse sin
temor son factores esenciales para luchar contra las estructuras que afianzan la desigualdad.
Las personas migrantes sufren los efectos de una retórica xenófoba que ha acompañado un retroceso en la protección de sus derechos y de sus familias. Personas refugiadas y solicitantes de asilo necesitan más que nunca la solidaridad internacional. En un mundo cada vez más hostil, políticas que permitan la acción directa de comunidades e individuos pueden ayudar a reforzar el derecho de todas las personas a buscar asilo y vivir en dignidad.
En particular, la situación de emergencia humanitaria y grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos que se vive en Venezuela, que incluyen potenciales crímenes de lesa humanidad, impone a la comunidad internacional la búsqueda de salidas pacíficas a esta crisis. El rol de la Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU representa la oportunidad y la responsabilidad de seguir impulsando la implementación de mecanismos para frenar la impunidad y permitir que las víctimas de violaciones puedan aspirar a obtener verdad, me- moria, justicia, reparación y garantías de no repetición. El papel de la Argentina en foros internacionales supone, además, un compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales de protección y promoción de los derechos humanos, así como una respuesta a las crisis y violaciones de derechos humanos en el mundo. Vivimos en un contexto en el que las respuestas ineficaces e inadecuadas de los gobiernos al cambio climático plantean lo que, en muchos aspectos, puede ser la amenaza más grave para los derechos humanos de nuestro tiempo.
La mayor frecuencia de sucesos meteorológicos extremos y desastres naturales, inundaciones y
sequías, incendios (como, por ejemplo, el de la Amazonía), desertización y escasez de agua, entre otros fenómenos, son algunas consecuencias de la despiadada explotación del planeta. Los Estados tienen la obligación de tomar medidas para evitar el calentamiento global. Aunque los países más ricos deben abrir camino, tanto en el ámbito nacional como mediante la cooperación internacional, todos tienen que disponer de acciones razonables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar los planes de mitigación hasta el máximo de sus capacidades.
La tecnología está cambiando las normas de la sociedad, la política y la economía a nivel global. Las redes sociales permiten que personas de todo el mundo se expresen y participen en debates, entablen contactos, intercambien o compartan información y promuevan movimientos que trascienden las fronteras de los países. Sin embargo, también han servido como un espacio para la violencia, las fake news y la persecución a voces disidentes y defensores y defensoras de derechos humanos. Las campañas de desinformación y de falsificación, complementadas con la coordinación de agresiones a personas y colectivos, afectan y limitan el debate. Garantizar que todas las personas pueden participar libremente y sin miedo a la violencia ni a comportamientos abusivos es fundamental para asegurar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Estos motivos de preocupación se ven agravados por la concentración extrema del control de la información en un puñado de empresas y por la enorme asimetría de poder entre las personas, las empresas y los gobiernos que controlan grandes cantidades de datos. En consecuencia, se genera una situación casi sin control para determinar las actitudes públicas, incitar al odio y a la violencia.
Los pueblos indígenas son discriminados y obligados a salir de sus territorios para poder subsistir. Desde Amnistía Internacional hemos registrado más de 200 conflictos territoriales a lo largo de todo el país. Quienes hacen uso de su voz para expresarse y reclamar son reprimidos, silenciados y/o criminalizados.
Nos preocupa cómo la intolerancia, el odio y la discriminación están creando sociedades cada vez más fragmentadas. El uso de la retórica tóxica y deshumanizadora del “nosotros contra ellos” -en nuestro país “la grieta”- ha establecido una sociedad polarizada y desconfiada. La política del miedo busca construir una imagen estigmatizante, negativa, insensible de determinados grupos y colectivos.
Los discursos de odio, intolerancia y discriminación funcionan como vehículo esencial para habilitarlo. Son demasiados los gobiernos que responden a los temores legítimos de índole económico y de seguridad manipulando y dividiendo a la sociedad para justificar la reconfiguración del equilibrio entre los poderes del Estado y las libertades individuales. Vemos con preocupación cómo en diferentes países los gobiernos volvieron a recurrir a tácticas represivas, haciendo un uso indebido de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas.
El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos. Por el contrario, su respeto y protección representan una de las dimensiones que mejor describen a un Estado de Derecho. Los Estados tienen la clara responsabilidad de proteger a las personas de los actos de violencia.
Nuestro mundo enfrenta problemas complejos que solo pueden abordarse si abandonamos la idea de que los derechos humanos se refieren a algunas formas de injusticia que enfrentan algunas personas, pero no otras.
Los derechos humanos son de todos y todas. Debe haber una decisión política, un
compromiso de hacer de ésta un área relevante y no marginal.
Es el momento de que el próximo gobierno demuestre la firme decisión de promover
una agenda de derechos humanos integral, trasversal y sólida.
Amnistía Internacional estuvo y estará allí para garantizar que cada persona pueda
disfrutar y acceder a sus derechos humanos.